En principio la litis se circunscribía al reclamo de deuda de cientos de millones de pesos que alegadamente retiene de forma ilegal CORAASAN y que debe desembolsar al cabildo por concepto de cobro de recogida de basura, a través de la facturación del servicio de agua.
Mientras que la empresa suplidora del agua alega algo similar a la Alcaldía, pero por el uso del líquido en las instituciones y áreas públicas, donde el mismo es usado.
Sin embargo, ha trascendido que el alcalde Martínez reclama el pago de 100 millones que alega le retiene CORAASAN y que no es asumida por dicha empresa.
Además, que la entidad de servicio público tiene alrededor de 48 locales en el municipio, construidos en terrenos municipales sin pagar el 5 por ciento que exige una ley sobre la materia.
Y que esa situación significaría una deuda por encima de mil millones de pesos que el cabildo estaría en actitud de buscar una conciliación o llevar el caso a los tribunales.
Sin embargo, desde CORAASAN se replica que la ley 582, del cuatro de abril de 1977 y que creó dicha institución, que pasan a formar parte de su patrimonio las construcciones que en ese momento tenían particulares, el gobierno o el municipio.