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Temor creciente entre indocumentados de Florida por ley migratoria

Antoni Belchi – VOA 
José Mauricio Gómez es un hondureño que lleva más de 15 años viviendo indocumentado en el sur de la Florida. Confiesa que nunca había tenido miedo por no tener papeles, pero ahora está pensando muy seriamente en abandonar el estado del Sol debido a la ley SB 1718, que entrará en vigor el sábado 1 de julio.

“Hay mucho miedo porque la gente ahora no quiere salir de su casa y, a veces, ni al trabajo quieren ir por motivos de la ley”, dice este hondureño ante la Voz de América.

¿Qué dice la ley SB 1718?

La medida contempla penas de hasta 15 años de prisión para quienes transporten indocumentados al estado de Florida. La pena máxima es para los que lleven a menores de edad y se establecen castigos de 5 años si en el vehículo hay mayores de 18 años.

La reacción de la Casa Blanca

Funcionarios del gobierno de Joe Biden se han mostrado contrarios a éstas políticas migratorias. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, argumentó que el gobernador DeSantis “no está tratando de solucionar el problema, realmente está creando un problema”.

En esa línea, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), Alejandro Mayorkas, defendió los políticas que ha llevado a cabo la administración estadounidense y puso de ejemplo los logros alcanzados por el programa de parole humanitario para haitianos, cubanos, nicaragüenses y venezolanos, que es objeto de una demanda presentada por una veintena de estados, entre ellos la Florida.

“Este es el modelo que hemos construido y seguiremos construyendo para que nuestro principio de ayuda humanitaria sea alcanzable de forma segura y ordenada. Así las personas no tienen que arriesgar sus vidas en manos de quienes solo buscan explotarlas con fines lucrativos”, dijo Mayorkas hace unos meses.

Más movilizaciones y demandas

Mientras tanto, los grupos pro-inmigrantes de Florida se están movilizando para organizar una gran marcha este sábado 1 de julio en Homestead, la ciudad de Florida que alberga una gran población de indocumentados que trabajan, principalmente, en el sector del campo y la construcción.

Los portavoces de estas organizaciones advierten que se van a interponer demandas ante la corte para que sea la justicia de Estados Unidos quien decida si esta ley puede aplicarse o no. Eso sí, no se puede presentar una denuncia hasta que la ley entre en vigor y haya perjudicado a alguien

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