La decisión se produjo este jueves, un día antes de que los detenidos fueran liberados por orden judicial.
Orden previa exigía liberación bajo fianza
La semana pasada, el juez federal Jeffrey Cummings había ordenado al Gobierno de Trump liberar bajo fianza de US$ 1.500 a cientos de inmigrantes, tras determinar que los arrestos violaron un decreto de consentimiento local que prohíbe detenciones sin orden judicial.
El Departamento de Justicia presentó una lista de más de 600 personas para ser evaluadas. Solo 16 aparecían con antecedentes penales, entre ellos acusaciones por asalto agravado, conducir bajo influencia de alcohol, agresión, exhibicionismo, secuestro y seducción de menor.
Un análisis de los documentos judiciales reveló que muchos detenidos fueron trasladados a centros tan distantes como Texas y Kentucky.
Tensiones y acusaciones de uso excesivo de fuerza
La ofensiva federal, bautizada como Operación Midway Blitz, ha tensado las relaciones entre autoridades locales, manifestantes y periodistas en Chicago e Illinois. El Gobierno enfrenta múltiples demandas por uso excesivo de la fuerza, trato a la prensa y detenciones sin orden judicial.
La política de deportaciones masivas ha provocado denuncias de perfilamiento racial y violación de derechos constitucionales, afectando tanto a personas indocumentadas como documentadas, incluyendo menores, familias y trabajadores.
Gobierno argumenta exceso judicial
En su apelación, el Gobierno de Trump afirmó que la orden del juez Cummings interpretó erróneamente la ley, sobrepasó los límites del acuerdo de consentimiento y entorpeció la labor de los agentes migratorios. El tribunal no explicó en detalle por qué falló a favor del Gobierno.
La decisión llega justo después de que un panel del Séptimo Circuito bloqueara otro fallo judicial que imponía límites estrictos a los agentes federales en Chicago, alegando exceso de autoridad.
Organizaciones de derechos civiles expresan preocupación
El Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes y la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) expresaron “profunda decepción” por la decisión, advirtiendo que cientos de familias enfrentarán más semanas de separación y que muchos detenidos seguirán en condiciones inhumanas sin garantías de debido proceso.
Según la orden inicial, de las 3.000 personas arrestadas entre junio y octubre, 615 no estaban sujetas a detención obligatoria ni tenían orden final de deportación. Ese grupo debía recibir fianza antes del 21 de noviembre, siempre que no representaran un riesgo para la seguridad pública.
Próximas audiencias
El Séptimo Circuito escuchará los argumentos orales del caso el próximo 2 de diciembre, mientras abogados y familiares esperan claridad sobre el futuro de los detenidos, incluidos aquellos trasladados fuera de la jurisdicción.