El gobierno de Donald Trump planea aplicar la Ley de Reclamaciones Falsas, una norma civil antifraude, para investigar y sancionar a universidades que promuevan políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), anunció el Departamento de Justicia de EE.UU.
Según un memorando firmado por el fiscal general adjunto Todd Blanche, la ley se usará cuando una institución que reciba fondos federales viole intencionalmente las leyes de derechos civiles, bajo el marco de la nueva Iniciativa contra el Fraude en los Derechos Civiles.
Blanche citó ejemplos como casos de antisemitismo y restricciones en deportes femeninos, acusando a algunas políticas universitarias de asignar beneficios en función de raza o etnia, lo que podría considerarse discriminación bajo esta ley.
El Departamento de Justicia buscará sanciones civiles y posibles cargos penales, incluyendo multas de hasta tres veces el monto del fraude cometido, si se comprueba que universidades engañaron al gobierno para recibir fondos.
La medida es parte de un esfuerzo más amplio de la administración Trump para eliminar iniciativas DEI de las instituciones académicas. Algunas universidades, como Harvard, ya han comenzado a modificar sus políticas para evitar sanciones, incluyendo el cambio de nombre de oficinas de diversidad y la cancelación de ceremonias por grupos raciales, tras advertencias del Departamento de Educación.
Además, el Departamento de Justicia notificó a Harvard que investiga si su sistema de admisiones violó el fallo de la Corte Suprema que prohibió la acción afirmativa, usando nuevamente la Ley de Reclamaciones Falsas como base legal.