Una atinada sugerencia

Manuel Vólquez

La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) pidió declarar una emergencia nacional en materia de tránsito ante el crecimiento del desorden vial y la falta de controles efectivos, especialmente en el uso de motocicletas. La entidad advierte que el problema afecta la seguridad ciudadana y la calidad de vida. A manera de críticas, refiere que la fragilidad institucional y la pasividad de las autoridades han permitido que el transporte informal, en especial el de motocicletas, opere sin regulación real. A su juicio, la ausencia de políticas claras agrava la situación. Advirtió que resulta impostergable ordenar el sistema de tránsito terrestre y establecer una regulación efectiva del uso de esas máquinas.

He abordado este tema en varios artículos y cada día observo que nada ha cambiado en el comportamiento de los motoristas, quienes se burlan de forma desafiante de la ley de tránsito y de los responsables de hacerla cumplir. Naturalmente, no son los únicos salvajes en el sistema vial, pero son mayorías en imprudencias. También están los conductores de carros y camiones quienes, por igual, reinciden en pasarse la luz roja de los semáforos, hacer giros y rebases temerarios, una pervertida conducta peligrosa causante de tragedias urbanas y las carreteras.

Echemos un vistazo a las estadísticas de accidentes de tránsito la República Dominicana, considerado uno de los países con mayor número de esos casos en la región latinoamericana. Las cuotas de muertes anuales son las siguientes: En el 2020, en plena pandemia del Covid-19, se reportaron 2,938 muertes; 2021, ocurrieron 3,416 tragedias; 2022, un total de 2,921; En 2023, se registraron 2,949 fallecidos, con una tasa de mortalidad de 27.2 por cada 100,000 habitantes. Las festividades de Semana Santa, Navidad y Año Nuevo son los momentos más lamentables.

En el 2025 se reportaron más de 104,666 personas lesionadas en accidentes de tránsito. Fallecieron 824 personas, lo que representa un promedio de 28.9 muertes por provincia. Para la ocasión, la tasa de mortalidad se situaba en 8.4 por cada 100,000 habitantes. Los hombres representan el 81.3% de las víctimas fatales, mientras que las mujeres constituyen el 10%. En cuanto al tipo de vehículos involucrados, las motocicletas representan el 67% de los accidentes fatales. Las principales causas de estos eventos incluyen el exceso de velocidad, el consumo de alcohol, la imprudencia de conductores y peatones, y fallas mecánicas. Yo agregaría el consumo de drogas.

Si analizamos a profundidad ese conteo, debemos resumir que estamos trillando un camino caótico. Las calles están llenas de insectos con ropas al frente de un volante, que son portadores de una conducta que amerita una urgente reconfiguración de cerebro, un reseteo, como hacemos con las computadoras y celulares.

En la República Dominicana, el gobierno ha hecho el mejor esfuerzo para establecer un conjunto de leyes claras para garantizar el orden en las vías. Aun así, se lucha con una elevada tasa de accidentes y una cultura de conducción desenfrenada, comparable con otras naciones (de eso hablaré en una próxima entrega). El marco legal para el tránsito está definido principalmente por la Ley No. 63-17, que regula el transporte terrestre, movilidad y seguridad vial. Esa legislación introduce nuevas categorías de licencias y endurece los requisitos para su obtención; establece un sistema de puntos que resta credibilidad al conductor por infracciones cometidas; obliga el uso del casco protector para motociclistas y el cinturón de seguridad para todos los pasajeros de vehículos; establece límites de velocidad claros, especialmente en zonas urbanas y endurece las penas por manejar bajo los efectos del alcohol, entre otras regulaciones.

¿Qué está sucediendo? ¿Qué falta por hacer para resolver ese problema? Hay que enfrentar con rigidez a los conductores imprudentes y temerarios que circulan las calles del país, como si fueran

ganados sin control. Considero atinada la petición de la Fundación Institucionalidad y Justicia, especialmente en el uso de motocicletas. La seguridad ciudadana estará en riesgo mientras continúe esa grave situación.