Por Voz de América – Redacción
Dustin Honken, de 52 años, fue sentenciado a muerte por matar informantes del gobierno y niños en su esfuerzo por frustrar su procesamiento por narcotráfico en 1993.
Honken está a punto de morir por una inyección letal del poderoso sedante pentobarbital en la prisión federal en Terre Haute, Indiana, donde ha estado condenado a muerte desde 2005. Sus abogados están pidiendo un último indulto, pero sus posibilidades de éxito parecen remotas después de que la Corte Suprema revocó las órdenes de los tribunales inferiores que buscaban bloquear las ejecuciones de otros dos hombres esta semana.
Daniel Lewis Lee fue ejecutado el martes por la mañana y Wesley Ira Purkey fue ejecutado dos días después, cada uno después de horas de disputas legales que el tribunal superior terminó con 5-4 votos para permitir que las ejecuciones tengan lugar.
Lee fue declarado culpable de asesinar a una familia de Arkansas en un complot de la década de 1990 para construir una nación solo para blancos en el noroeste del Pacífico. Mantuvo su inocencia hasta el final, diciendo justo antes de morir: «He cometido muchos errores en mi vida, pero no soy un asesino». Están matando a un hombre inocente», dijo.
Purkey fue ejecutado por secuestrar y matar a una adolescente de 16 años, Jennifer Long, en Kansas City, Missouri, antes de desmembrar, quemar y arrojar su cuerpo en un estanque séptico. En sus últimas palabras, el recluso expresó su pesar por matar a Long y dijo: “Este asesinato desinfectado realmente no sirve para nada. Gracias.»
La Corte Suprema eliminó esos obstáculos y señaló el martes que Texas y otros estados han usado pentobarbital «sin incidentes» en más de 100 ejecuciones.
La ejecución de Honken sería la décima realizada en los EE.UU. en 2020, incluidas tres en Texas, que ejecuta a más presos que cualquier otro estado.
El año pasado, 22 prisioneros fueron ejecutados, el quinto año consecutivo en que menos de 30 personas fueron ejecutadas en los Estados Unidos, muy por debajo de las 65 ejecuciones que se llevaron a cabo en 2003, la última vez que se ejecutó a un interno federal.