La Universidad de Harvard ha presentado una demanda contra la administración Trump, acusándola de congelar fondos federales en un intento de controlar su autonomía académica. El conflicto, que podría llegar a la Corte Suprema, enfrenta a la universidad más prestigiosa de EE. UU. con el Gobierno federal en temas de libertad académica, financiación y derechos constitucionales.
El Gobierno argumenta que los recortes están vinculados a la lucha contra el antisemitismo en el campus, pero Harvard afirma que no hay relación entre estas acusaciones y las subvenciones bloqueadas, que afectan investigaciones médicas y científicas cruciales. La universidad considera que estas medidas forman parte de una campaña política para imponer restricciones ideológicas y eliminar programas de diversidad, equidad e inclusión.
El presidente de Harvard, Alan Garber, advirtió que los recortes —que incluyen más de $2.200 millones en subvenciones— podrían tener consecuencias “graves y duraderas”, afectando la innovación científica, la ayuda financiera, el prestigio académico y la admisión de estudiantes internacionales.
A pesar de su dotación de $53.000 millones, Harvard señala que los recortes comprometen el futuro de la investigación en salud, educación y tecnología en EE. UU., y subraya que la presión política amenaza los principios fundamentales de la educación superior.