Denuncian acoso a los periodistas en Cuba

Madrid- El mero hecho de divulgar noticias en Cuba «te puede costar la vida», afirmó el periodista Yosvani Anzardo Hernández, quien explicó en conversación telefónica desde la isla que, para el régimen castrista, un informador independiente puede ser sinónimo de espía o de terrorista de Estado.

Hernández y la también periodista cubana Magaly Otero participaron telefónicamente desde la isla en la presentación en Madrid del informe Restricciones a la libertad de expresión en Cuba, que subraya las violaciones de derechos humanos llevadas a cabo por el Gobierno de La Habana en ese ámbito, informó Efe.

El informe fue presentado en la sede de Amnistía en Madrid por el director en España de esta organización, Esteban Beltrán, y la directora adjunta para América del Secretariado Internacional de Amnistía Internacional, Kerrie Howard.

Según subrayó Beltrán, doce de los presos de conciencia encarcelados en la isla son periodistas. «La primera y mayor dificultad para el ejercicio del periodismo independiente en Cuba es no poseer el derecho legal a existir», pues «en este país sólo es permisible el oficialismo», ratificó Anzardo Hernández, director del periódico digital Candonga y corresponsal del sitio web de noticias Payo Libre, con sede en Miami.

Aquel que busca información «corre el riesgo de ser acusado de espionaje», de «peligrosidad social», de atacar al Estado o de infringir cualquier otra ley, añadió el comunicador.

«Cualquier información está catalogada dentro de la esfera de la seguridad nacional», informó Hernández, quien manifestó sus sospechas de que la conversación telefónica en la que dio esta opinión pudiera estar siendo grabada por los servicios de seguridad cubanos.

Este periodista fue detenido en septiembre de 2009 durante trece días y la policía se incautó de sus medios de trabajo y de libros considerados «subversivos» y peligrosos para la seguridad del Estado; su caso es uno de los analizados en el informe que AI difundió ayer.

Las fuerzas de seguridad cubanas amenazaron al periodista con procesarlo penalmente bajo la Ley 88, una normativa aprobada en febrero de 1999 que penaliza con hasta 20 años de cárcel el apoyo directo e indirecto a la política estadounidense sobre Cuba.

Tal norma, conocida por los disidentes como «Ley Mordaza», es uno de los instrumentos que utiliza el régimen castrista contra la disidencia y la libertad de expresión, pues establece hasta cinco años de prisión por colaborar con cualquier emisora extranjera de radio y televisión, publicación impresa u otro medio.

La Ley 88 sirvió para condenar a numerosos disidentes durante la represión lanzada por la dictadura castrista en marzo de 2003, considerados por AI como presos de conciencia.

Trabajando como periodista independiente en Cuba «corres continuamente el riesgo de estar en un calabozo», dijo en la misma conversación telefónica Magaly Otero, directiva de la agencia Hablemos Press, fundada el 3 de febrero de 2009.

«Somos acosados, amenazados y reprimidos sólo por haber cruzado la frontera (prohibida) del régimen», explicó.

Y ese acoso, añadió, también afecta a los familiares de los periodistas, que pueden ser expulsados de los trabajos y de los centros de estudio como si se tratara de «una guerra psicológica» por parte del Gobierno.