Este domingo, Ecuador volverá a las urnas en un clima marcado por la polarización política y la creciente inseguridad. Los ciudadanos decidirán en un nuevo referéndum y consulta popular sobre cuatro preguntas clave que incluyen: permitir bases militares extranjeras, eliminar el financiamiento estatal a partidos políticos, reducir el número de asambleístas y convocar una Asamblea Constituyente. Las propuestas forman parte de la estrategia del presidente Daniel Noboa para enfrentar la crisis de violencia que golpea al país.
Un total de 13,9 millones de ecuatorianos están habilitados para votar. El Consejo Nacional Electoral ha preparado una papeleta con tres preguntas de referéndum, que requieren reformas constitucionales, y una de consulta popular, referente a un tema de interés nacional. Si las preguntas reciben mayoría de “Sí”, será necesaria una serie de procedimientos posteriores bajo supervisión de la Corte Constitucional.
1. Bases militares extranjeras: el eje de la estrategia de seguridad
Pregunta:
¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares, y de ceder bases militares nacionales a Fuerzas Armadas o de Seguridad extranjeras?
La primera pregunta propone modificar la prohibición constitucional vigente desde 2008. Su aprobación abriría la puerta a que países como Estados Unidos instalen infraestructura militar permanente en Ecuador, un tema que divide opiniones entre quienes priorizan la cooperación internacional y quienes temen una pérdida de soberanía.
La discusión surge en un momento en que el país enfrenta cifras récord de violencia. La Policía Nacional aseguró a CNN que 2025 podría convertirse en el año más violento de la historia, superando ya los 7.000 homicidios. Sin embargo, informes como el de International Crisis Group cuestionan la efectividad de la militarización de calles y cárceles, indicando que no ha frenado el flujo de drogas ni la reorganización de grupos criminales.
De aprobarse la reforma, Ecuador y los países interesados deberán someter el acuerdo a procesos legales internos y firmar nuevos convenios de cooperación militar.
2. Eliminación del financiamiento estatal a partidos políticos
Pregunta:
¿Está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos públicos a las organizaciones políticas?
En Ecuador, el Fondo Partidario Permanente (FPP) financia actividades de formación, capacitación e investigación de las organizaciones políticas que cumplen ciertos requisitos de representatividad. Actualmente, 11 partidos reciben estos recursos, aunque existen cuestionamientos sobre la transparencia en el uso de los fondos.
La reforma obligaría a los partidos a financiarse principalmente con aportes de afiliados y simpatizantes. Algunos expertos alertan que esto podría favorecer a organizaciones con mayor capacidad económica, mientras otros sostienen que se reduciría el uso ineficiente de dinero público. El Fondo de Promoción Electoral, destinado a campañas, se mantendría.
3. Reducción del número de asambleístas: de 151 a 73
Pregunta:
¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y elegirlos según nuevos criterios poblacionales y territoriales?
La propuesta plantea una disminución drástica del número de legisladores, pasando de 151 a 73. El ajuste fue avalado por la Corte Constitucional y busca, según el Gobierno, optimizar el gasto público y mejorar la calidad de la representación política.
Mientras sectores oficialistas aseguran que la medida permitirá procesos más eficientes, críticos como el politólogo Santiago Basabe afirman que la reducción sería un golpe a la democracia y que no solucionará los problemas de fondo del Legislativo.
4. Asamblea Constituyente: la decisión más trascendental
Pregunta:
¿Está usted de acuerdo con que se convoque e instale una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva Constitución, que luego deberá ser aprobada en referéndum?
Considerada la propuesta más decisiva, la Asamblea Constituyente permitiría reestructurar por completo el Estado ecuatoriano. Noboa propone un órgano integrado por 80 representantes, encargado de redactar una nueva carta magna que podría reducir los artículos constitucionales de 444 a 180 y redefinir áreas como seguridad social, justicia y competencias estatales.
Sin embargo, analistas advierten que una Constituyente podría convertirse en un “cheque en blanco” para el Gobierno, especialmente porque la Corte Constitucional ha sido un contrapeso frecuente durante la administración Noboa.
La aprobación de esta pregunta requeriría dos nuevas elecciones: una para elegir a los constituyentes y otra para aprobar o rechazar la nueva Constitución. El proceso podría extenderse al menos un año.
Un nuevo examen político para el Gobierno de Noboa
Este será el segundo referéndum impulsado por Noboa. En abril de 2024 logró que se aprobaran 9 de 11 reformas legales. El resultado de este nuevo proceso definirá gran parte de su capacidad de gobernar en un año crítico para la seguridad y la estabilidad institucional del país.