Un tribunal de El Salvador arrancó esta semana uno de los juicios más grandes de su historia reciente: 486 presuntos miembros de la MS-13 enfrentan más de 47,000 cargos por delitos como homicidio, extorsión, desapariciones y tráfico de armas cometidos durante una década.
El proceso ocurre en medio del régimen de excepción vigente desde 2022, una de las principales apuestas del presidente Nayib Bukele para combatir las pandillas. Bajo esta medida, el país ha realizado detenciones masivas que superan las 91,000 personas, elevando la población carcelaria a niveles sin precedentes.
De los acusados, la mayoría ya está en prisión —incluyendo centros de máxima seguridad como el Cecot— mientras decenas permanecen prófugos. Entre ellos figuran cabecillas históricos, líderes de alto rango y jefes territoriales, lo que convierte este juicio en un intento directo de desarticular la estructura completa de la organización.
El Gobierno defiende que su estrategia ha dado resultados, destacando una fuerte caída en los homicidios en los últimos años. Sin embargo, el modelo también sigue generando cuestionamientos por posibles abusos, detenciones sin debido proceso y condiciones en las cárceles.
Este juicio no solo busca condenas: es una prueba clave del alcance real de la política de mano dura en El Salvador y de hasta dónde puede llegar sin comprometer el Estado de derecho.