Agentes de inmigración están realizando detenciones en tribunales de todo EE.UU., incluso momentos después de que los inmigrantes comparecen ante el juez, lo que ha generado críticas por parte de abogados y defensores de derechos humanos. Esta práctica, impulsada por el Gobierno de Donald Trump, busca acelerar las deportaciones y aplicar la expulsión acelerada a inmigrantes que llevan menos de dos años en el país.
La administración derogó una directriz que limitaba los arrestos en «lugares sensibles», como juzgados, argumentando que impedía detener a personas “peligrosas”. Sin embargo, documentos internos revelan que el enfoque se extiende a migrantes sin antecedentes penales que han seguido los procedimientos legales, lo que ha alarmado a activistas y legisladores.
Los arrestos en tribunales han ocurrido en estados como Maryland, Nueva York, Virginia y California. Las detenciones, muchas veces sin previo aviso, han hecho que algunos inmigrantes eviten asistir a sus audiencias por miedo a ser capturados, afectando la eficiencia y legitimidad del sistema judicial migratorio.
Organizaciones legales advierten que estas tácticas violan principios básicos del debido proceso y socavan la confianza en el sistema. A pesar de las críticas, el Departamento de Seguridad Nacional ha defendido las medidas como necesarias para “hacer cumplir la ley”.