Por Ramón Mercedes
Las misivas advierten de discrepancia entre los registros de la Administración de la Seguridad Social (SSA), el nombre de la persona y los números de seguro social que figuran en el W-2 de un empleado, lo que ha provocado preocupación entre pequeños, medianos y grandes empresarios.
Estas acciones colocan a los empleadores en una situación difícil, debido a que dependen de la mano de obra de miles de inmigrantes para que sus negocios continúen funcionando en una época de alto empleo, dijo la activista y analista en inmigración Carmen Cornejo.
La situación afecta a empleadores hispanos, entre ellos dominicanos, colombianos, mexicanos, peruanos, salvadoreños, entre otras etnias, así como aquellos empresarios anglosajones que emplean a inmigrantes indocumentados para atender sus fincas y recoger cosechas de diferentes productos, se informó.
La SSA suspendió el envío de estas cartas a las compañías en 2012, pero la Casa Blanca reanudó esta práctica en marzo pasado.
El 1 de agosto de 2016 entró en vigor una nueva ley donde el Departamento de Justicia aumenta de $375 a $539 dólares la multa mínima por la contratación de indocumentados, mientras que la multa máxima subirá de $3,200 a $4,313.
Las leyes federales prohíben la contratación de trabajadores “sin papeles” en EEUU, mientras el gobierno alienta además a los empleadores a que participen en el programa federal “E-Verify” para confirmar el estatus migratorio de sus empleados.