Washington — La administración del presidente Donald Trump ha comenzado a clasificar como fallecidos a más de 6.000 inmigrantes que permanecen legalmente en Estados Unidos, cancelando sus números de Seguro Social y bloqueando su acceso a trabajo, servicios financieros y beneficios federales, según revelaron fuentes cercanas a la medida.
Esta acción busca presionar a los afectados para que abandonen voluntariamente el país. Según los informantes, los nombres y números de Seguro Social de los inmigrantes han sido transferidos a una base de datos federal utilizada habitualmente para registrar defunciones, lo que dificulta enormemente el acceso a servicios bancarios, arrendamientos y empleo.
“El objetivo es simple: hacerles la vida imposible hasta que se vayan”, comentó una fuente bajo condición de anonimato.
La medida apunta a beneficiarios de programas de la era Biden
Aunque no se ha revelado cómo se seleccionaron los más de 6.000 inmigrantes, las fuentes señalan que la administración Trump ha centrado su atención en personas que ingresaron legalmente bajo programas establecidos durante el mandato de Joe Biden, incluyendo a más de 900.000 migrantes que utilizaron la app CBP One para programar citas de ingreso.
Esta semana, el Departamento de Seguridad Nacional revocó el estatus legal temporal de miles de esos migrantes, que anteriormente contaban con permisos de trabajo válidos por dos años. La aplicación CBP One fue desactivada tras la toma de posesión de Trump en enero de 2025, como parte de una ofensiva más amplia contra las políticas migratorias de su predecesor.
Implicaciones legales y reacciones
El archivo de personas fallecidas, mantenido por la Administración del Seguro Social, contiene más de 142 millones de registros y es fundamental para validar la identidad de ciudadanos y residentes. La agencia no ha emitido comentarios al respecto. Según la Ley de Privacidad, compartir esa información con otras agencias solo es legal bajo ciertas condiciones específicas, como crímenes violentos.
Mientras tanto, una jueza federal bloqueó temporalmente la orden de expulsión contra cientos de miles de migrantes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela con estatus temporal legal.
Acuerdo IRS–ICE agrava la presión migratoria
Paralelamente, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Seguridad Nacional firmaron un acuerdo que permite al IRS compartir datos fiscales con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El objetivo es identificar inmigrantes en situación irregular para proceder con deportaciones. Este acuerdo provocó la renuncia de la comisionada interina del IRS, Melanie Krause.
Además, un juez federal bloqueó en marzo el acceso de un equipo gubernamental, liderado por Elon Musk, a los sistemas de datos de la Seguridad Social, calificando su intervención como una “expedición de pesca”.
Demandas en camino
Organizaciones de derechos civiles, como Democracy Forward, han anunciado posibles demandas en respuesta a estas acciones.
“Este presidente continúa violando la ley y abusando de los sistemas constitucionales”, declaró Skye Perryman, presidenta del grupo.