Miguel Vargas llama a perredeístas a exhibir lazo amarillo este lunes
Desde el sábado la fachada de la casa nacional del PRD luce un lazo amarillo alusivo a la demanda del 4% para educación.
El presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas, propuso al Congreso y al Gobierno que al formular definitivamente el Presupuesto Nacional del próximo año, cumplan primero con la ley que asigna el 4 por ciento a la educación, y distribuyan el resto del dinero cumpliendo otras legislaciones y atendiendo las prioridades fundamentales del país.
En una declaración en la que exhorta a la familia perredeísta a unirse a la campaña de exhibir el lunes distintivos amarillos en demanda de que el gobierno cumpla la ley 66-97, que dispone destinar a la educación el 4% del Producto Interno Bruto, Vargas dijo que el tema involucra mucho más que un debate presupuestario.
El Departamento de Asuntos Legales del PRD, dirigido por el licenciado Salim Ibarra, de su parte, hizo público que la aprobación del Presupuesto sin cumplir la Ley implicaría una violación a dispositivos de la nueva Constitución, e hizo reservas de elevar una acción penal por Coalición de Funcionarios.
El presidente del PRD advierte que «independientemente de que la educación de calidad tiene la importancia de ser un eje transversal que se relaciona con todos los aspectos del desarrollo económico, social y humano, un gobierno no puede administrar los recursos de un país a su antojo, sin escuchar al resto de la sociedad».
Agregó que «el gobierno del PLD está evidenciando que perdió sintonía con el sentido de las prioridades nacionales y que además no tiene el menor respeto por dos de los pilares del sistema democrático, como son el respeto a la voluntad de la mayoría y el cumplimiento de la Constitución y las leyes», expresó para agregar que «la campaña de los distintivos amarillos el lunes debe servir para darle una lección al gobierno».
Acción penal
El Departamento Legal del PRD puntualiza que el derecho a la educación esta encartado en el artículo 63 de la Constitución Dominicana, formando parte de Los Derechos Económicos y Sociales, los que a su vez están bajo el Capítulo I de Los Derechos Fundamentales, por tanto la violación a la ley Orgánica de Educación no es otra cosa que una violación Constitucional.
Hacen reservas de emprender acciones contra los funcionarios públicos involucrados en la violación de la Ley Orgánica de Educación, pues serían pasibles de una acción penal, según lo establecido por el artículo 123 del Código Penal Dominicano, el cual establece que los funcionarios o empleados públicos, las corporaciones o depositarios de una parte de la autoridad pública que concierten o convengan entre sí la ejecución de medidas y disposiciones contrarias a las leyes, o que con el mismo objeto lleven correspondencia o se envíen diputaciones, serán castigados con prisión de dos a seis meses, e inhabilitación absoluta de uno a cinco años, para cargos y oficios públicos.
