Santiago de los Caballeros.– Con evidente preocupación y tono firme, representantes de la Federación de Mototaxis La Unión alzaron su voz este martes para denunciar lo que consideran una serie de medidas injustas que golpean directamente al sector y ponen en riesgo el sustento de cientos de familias.
En medio de una rueda de prensa, Gregorio Fernández, coordinador general del gremio, describió un panorama que, según sus palabras, refleja abandono por parte de las autoridades. Aseguró que los operativos se enfocan casi exclusivamente en los motoconchistas, mientras otros actores del transporte circulan —según afirma— sin el mismo nivel de fiscalización.
“Nosotros no somos delincuentes, somos padres de familia”, expresó con énfasis. “Cada motoconcho que ustedes ven en la calle tiene detrás hijos que alimentar, hogares que sostener”.
Fernández relató que los trabajadores del sector son detenidos con frecuencia por agentes policiales, quienes les exigen documentos como licencia, seguro y papeles del motor. Sin embargo, denunció que en muchos casos las motocicletas son retenidas, dejándolos sin la posibilidad de continuar su jornada y llevar ingresos a sus hogares.
A esto se suma, indicó, la incautación de motores por condiciones como el estado de los neumáticos, lo que agrava aún más la situación económica de quienes viven del día a día.
La preocupación también alcanza el bolsillo. Miguel Jiménez, presidente de la Unión Mototaxi La Unión Santiago y coordinador de El Chivao, advirtió sobre el aumento en el costo de la licencia de conducir categoría 1, que —según explicó— pasó de 900 a 2,500 pesos.
Pero no es lo único. Jiménez cuestionó además la exigencia de cascos protectores específicos, cuyo precio puede alcanzar hasta los 8,000 pesos, una cifra que muchos consideran inalcanzable en medio de la realidad económica que enfrentan.
En conjunto, los motoconchistas hicieron un llamado a las autoridades para abrir un espacio de diálogo que permita revisar estas disposiciones y construir soluciones más justas, que no comprometan el derecho al trabajo ni la estabilidad de miles de familias dominicanas.
Porque, más allá del motor y la calle, insisten, lo que está en juego es el sustento de sus hogares.