• 25 julio, 2021

Preocupa un aumento de personas desaparecidas en El Salvador

Por Nery Mabel Reyes

SAN SALVADOR – El progresivo incremento de personas desaparecidas, entre los que se cuentan un alto porcentaje de jóvenes y mujeres, es considerado como un reto para la seguridad y el sistema de justicia en El Salvador.

El tema, que ha ido mostrando cifras en ascenso, motiva la preocupación de diversos sectores, y Leonor Arteaga, integrante de la comisión de búsqueda de personas adultas desaparecidas durante el pasado conflicto civil es una de ellas.

“Para las desapariciones del presente no existe una institución especializada en búsqueda. Por ahora la fiscalía de El Salvador tiene ambos deberes: el deber de búsqueda y tiene a su vez la obligación de investigar a los responsables de los delitos y procesarlos”, dijo Arteaga.

De acuerdo con las cifras de la Fiscalía General, entre enero y abril de este año, las denuncias por desapariciones se duplicaron en comparación con los últimos dos años, y pasaron de 198 casos en 2019 a más de 500 denuncias en lo que va de este año.

El fiscal general, Rodolfo Delgado, dijo en una entrevista de televisión que hasta el 31 de mayo la Institución recibió 575 denuncias de personas desaparecidas, de las cuales solamente 276 fueron localizadas con vida.

Los familiares que acuden a solicitar ayuda a la policía y a la Fiscalía dicen que el hermetismo de las autoridades les impide conocer el avance en las investigaciones.

La Voz de América conversó con Jorge, hermano de Flor de María García, una mujer de 33 años que no ha sido encontrada después reportarse el 14 de marzo como desaparecida.

“Ayer fueron tres meses … seguimos nosotros guardando la esperanza … es bien duro aceptar, pero a veces hay que resignarse a que si ella ya no está con vida quisiéramos encontrar sus restos para darle una despedida digna”, declaró Jorge García.

La situación de criminalidad organizada que afecta al país y los delitos de tráfico y trata de personas serían la base de las desapariciones forzadas de ciudadanos, según denuncian las organizaciones de derechos humanos en El Salvador.

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