¿Quién sigue en la lista?
Por Manuel Vólquez
He tenido una permanente reflexión respecto a los procesos judiciales que rigen en los países latinoamericanos y veo resultados que afectan a figuras notables, como es el caso de presidentes, expresidentes, vicepresidentes, ministros y otros servidores públicos.
Me pregunto: ¿por qué en la República Dominicana no prosperan los procesos judiciales contra esas personalidades? ¿Es qué nuestras leyes son diferentes a las que tienen las demás naciones? Usted, distinguido lector, tendría la respuesta.
A pesar del riesgoso trabajo de investigación que realiza el Ministerio Público en la lucha contra la corrupción administrativa y de otra índole, los implicados encuentran la forma de salir airosos del embrollo. Lo primero que hacen es encargar su defensa a buenos abogados, especialistas en derecho penal y procesal, sobre todo aquellos experimentados incidencialistas que recusan a un juez cuando ven perdidas las causas del cliente o acuden a otras estrategias para atraerlos a su terreno a como dé lugar.
Como último recurso, incidentan los procesos para provocar reenvíos y así prolongar las audiencias hasta vencer por cansancio o lograr la extinción de las penalidades preventivas.
Siempre, en el terreno judicial nuestro, habrá alguien que por razones políticas, vínculos familiares, de amistad o de otra naturaleza, se inclinará a favor del procesado, liberándolo de culpas y para diluir cualquier cuestionamiento mediático o social, justificará la sentencia absolutoria alegando insuficiencias de pruebas de parte del órgano de persecución de delitos, situando a los fiscales investigadores como los malos de la película.
¿Por qué en países como Argentina, Guatemala, Perú y otros la justicia es funcional?
El expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, ha sido condenado a 16 años de prisión por corrupción ejecutada en 2015 en pleno mandato. Así lo notificó el Tribunal Penal de Mayor Riesgo de Ciudad de Guatemala en un fallo donde dice que el exmandatario fue responsable y autor de los delitos de asociación ilícita y complicidad en defraudación aduanera. A esos dos delitos se le impuso una condena de ocho años de cárcel cada uno.
Cabe recordar que Otto Pérez renunció a su cargo como presidente de la República, después de haber cumplido tres años en el poder, tras una serie de manifestaciones en todo el país centroamericano. Igual suerte recibió su vicepresidenta Roxana Baldetti, al cometer fraude en las aduanas. La acusación fue por un ejercicio sistemático de evasión fiscal aduanera de casi 10 millones de dólares y a la vez recibir sobornos avaluadas en 3,5 millones de dólares entre los años 2013 y 2015.
Por igual, la expresidenta argentina, Cristina Fernández, fue condenada a seis años de cárcel por el cargo de corrupción por la obra pública vial en Santa Cruz, un proceso que se desarrolló entre 2003 y 2015. Además, recibió una inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
La actual vicepresidenta, quien sin embargo no irá a la cárcel por la inmunidad que le otorga su cargo en el gobierno, comentó que la sanción “no es una condena por las leyes de la Constitución o el Código Penal”. Fernández, en diciembre del año próximo, ya no contará con su actual fuero.
La Justicia de Argentina solicitó contra Fernández 12 años de cárcel por irregularidades en la adjudicación de obra pública durante su mandato como presidenta entre 2007 y 2015, informó antes del juicio el Ministerio Fiscal Público del país suramericano.
También le imputaban supuestos delitos de asociación ilícita y administración irregular de fondos públicos, de los que fue absuelta, por el presunto caso de corrupción en la concesión de 51 obras públicas a un empresario allegado a ella en la región de Santa Cruz, su cuna política, durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y la propia Fernández (2007-2015). ¿Quién sigue en la lista para ser condenado?
En Perú, el presidente Pedro Castillo disolvió el Congreso, dispuso un estado de excepción y ordenó el toque de queda, en un intento por evitar que el Poder Legislativo lo destituya por presuntos actos de corrupción.
Sin embargo, Castillo, quien asumió funciones el 28 de julio de 2021 como el primer jefe de Estado izquierdista del Perú, calculó muy mal. Los jefes militares no apoyaron su decisión, sus ministros renunciaron masivamente, lo abandonaron y con una mayoría de 101 votos, 6 en contra y 10 abstenciones, el Congreso lo destituyó por incapacidad moral. Naturalmente, son las cosas sucias que caracterizan a la política en todo el mundo.
En menos de una década, esa nación ha tenido cuatro gobiernos inconclusos: Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020), Manuel Merino (2020) y ahora Pedro Castillo: un año y poco más de cuatro meses.
Desde que Castillo inició su gobierno, los grupos de derecha que perdieron las elecciones, encabezados por Keiko Fujimori, desataron una campaña para denunciar un falso fraude electoral. Es decir, le tenían el agua hirviendo parta arrojarlo. Le hicieron la vida imposible.
En República Dominicana, hasta ahora, nunca han prosperado los juicios políticos en el Congreso Nacional contra funcionarios estatales y presidentes de la República o vicepresidentes, que pudieran terminar en una destitución. Tampoco ha tenido éxito la intención de procesar a exgobernantes, por más denuncias de supuestos hechos delictuales que les atribuyan, pues aún rige la tesis política aquella de que “los expresidentes no se tocan”.
Además, de los países latinoamericanos es el que no ha tenido que entregar en extradición a un expresidente que estuviera vinculado al flagelo del narcotráfico o el enriquecimiento ilícito.
El panorama nuestro ha sido distinto en algunas naciones de la región donde muchos exmandatarios han estado involucrados en expedientes por corrupción y algunos entregados en extradición a los Estados Unidos por sus alegados vínculos con el narcotráfico y el lavado de dinero.
Sin embargo, hubo un proceso de corrupción contra el ex presidente dominicano Salvador Jorge Blanco, quien gobernó el país entre 1981 y 1986. El 16 de noviembre de 1988, el juez Juan María Severino lo condenó a 20 años de prisión por desfalco contra el Estado y otros presuntos actos dolosos.
Junto al ministro de Defensa, el teniente general Manuel Antonio Cuervo Gómez, fue conducido de inmediato a la cárcel de La Victoria, lugar de reclusión de los más peligrosos delincuentes comunes. Cuervo Gómez es el único ministro militar en recibir esa sanción.
A partir de ese fallo jurídico, el dirigente político libró una batalla legal para que otro tribunal revocara la decisión del juez Severino. En el 2001, después de 19 años de apelación, consiguió la anulación de la condena de la Corte de Apelación y posteriormente el presidente Hipólito Mejía le
retiró las acusaciones. Se atribuyó el origen del juicio a persecuciones políticas promovidas por el entonces presidente Joaquín Balaguer.
Posterior a este acontecimiento, han llovido hechos similares, aún en la fase de investigación por parte del Ministerio Público, contra exgobernantes enlodados con acusaciones de supuestamente desfalcar al Estado dominicano, pero nunca han sido llevados ante la justicia y parece que no sucederá por ahora.
