Reglamento fija sueldo del presidente en 450 mil pesos

reglamento-fija-sueldo-del-presidente-en-450-mil-pesos.jpgSANTO DOMINGO.-El Ministerio de Administración Pública (MAP) concluyó la redacción del Reglamento de Aplicación de la ley general de Salarios para el Sector Público y fue enviado, de inmediato, al Presidente Danilo Medina, en el cual se contempla que el sueldo mayor para el ejecutivo de la nación no podrá pasar de los 450 mil pesos, pero se estableció el respeto a la independencia de los Poderes del Estado, según lo contempla la propia legislación.

El anuncio fue hecho por el ministro Ramón Ventura Camejo, quien indicó que hay que esperar la revisión del Reglamento de parte del Presidente Medina. Corresponde a la Ley General de Salarios marcada con el número 105-13.

Ventura Camejo destacó que una vez aprobado el Reglamento, las demás herramientas teóricas y metodológicas para la aplicación de esa Ley, quedarán estandarizados para todas las instituciones estatales los componentes del sistema retributivo. También el régimen de incompatibilidades y prohibiciones asociadas a sistema, lo que contribuirá a lograr una remuneración del sector público justa y equitativa, la cual servirá de estímulo a los servidores públicos.

Dijo que la misma estará sustentada en el rendimiento y productividad de los empleados del Estado, según lo informó el periodista Luís Céspedes Peña.

El funcionario reiteró que la Ley es respetuosa del grado de independencia de los Poderes Legislativos y Judicial.

También de los entes y órganos constitucionales, como son los casos de la Junta Central Electoral, Defensor del Pueblo, Cámara de Cuentas, Banco Central, Tribunal Constitucional o el Tribunal Superior Electoral.

Dijo que las compensaciones de sus servidores serán establecidas directamente por sus respectivos órganos superiores, sin injerencia del Poder Ejecutivo, pero sí con la obligación de respetar los principios, incompatibilidades y prohibiciones establecidas para el sector público.

De acuerdo con la Ley 105-13 y su Reglamento, el MAP deberá realizar los estudios correspondientes para el diseño de las escalas salariales del Cuerpo Diplomático y Consular. También de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

El ministro Ventura Camejo recordó que el artículo 12 de esa legislación fija la escala de remuneración de salario bruto máximo para los presidentes de los Poderes y entes constitucionales con régimen propio del sector público dominicano, como son los del Presidente de la República, que tiene un límite de 450 mil pesos mensuales, el de la Vicepresidencia, los principales líderes del Senado, la Cámara de Diputados, Suprema Corte de Justicia o el Tribunal Constitucional, que tiene como tope 400 mil.

Se establecieron los salarios topes de los presidentes del Tribunal Superior Electoral y de la Junta Central Electoral, que serán hasta 375 mil pesos. El salario del presidente de la Cámara de Cuentas será hasta 350 mil.

El de los ministros, el procurador general de la República, el consultor Jurídico del Poder Ejecutivo y el contralor general de la República, tiene como límite 300 mil, mientras que el Defensor del Pueblo puede alcanzar hasta 250 mil pesos.

El Reglamento establece la escala salarial del Gobierno Central, con una clasificación del personal civil de la administración pública en cinco grupos ocupacionales, según el cual el salario mínimo para los cargos públicos sería de 7 mil 500 pesos mensuales, mientras que el máximo alcanzaría los145 mil.

El funcionario agregó que esa escala sería aplicable a todos los cargos que conforman la administración pública, exceptuando los de alto nivel, salarios los cuales serían establecidos por el MAP. Dijo en el caso de los cargos de viceministros, el Reglamento fija un salario mínimo de 245 mil pesos y un máximo de 270 mil.

En su artículo 11, el Reglamento establece una serie de criterios para la determinación del salario de los cargos de alto nivel con responsabilidad de director general, director Nacional, director ejecutivo, administrador general, gerente general, superintendente, rector de un Instituto y cualquier otra nomenclatura equivalente.

Entre esos criterios a tomar en consideración, se encuentran la alta incidencia en la formulación de políticas públicas, la incidencia en la formulación y ejecución de políticas sectoriales, el alto impacto en el logro de los compromisos asumidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo, el alcance territorial nacional, el impacto de los servicios a la ciudadanía y el rol regulador.

El Reglamento dice que de acuerdo con el cumplimiento de los aspectos a considerar, el salario de esos altos cargos oscilaría entre los 170 mil pesos y los 240 mil.

Se dispone que los salarios de los cargos de alto nivel inmediatamente inferior al del titular, serán calculados en base a un 20% menos del establecido para el titular de la institución.

A partir de la implementación de la nueva normativa salarial, todos los servidores deben recibir remuneraciones estrictamente ajustadas a lo establecido en la escala salarial aprobada.

El exceso de remuneraciones podría ser desmontado gradualmente, ya sea con el cambio de titular del cargo, y que el nuevo titular reciba un salario ajustado a la nueva escala, o que los cargos que excedan los valores máximos de la escala salarial se congelen por un tiempo, hasta que los aumentos en el resto de los cargos similares originen una situación de normalización.

El Reglamento prohíbe terminantemente el pago a servidores públicos en otro tipo de moneda que no sea la moneda nacional, excepto el personal asignado al Servicio Exterior, y a cualquier otro organismo de carácter estatal acreditado en el exterior, los cuales recibirán el equivalente del salario en la moneda del país en el que presten servicios.

Además, prohíbe las reprogramaciones presupuestarias con fines de aumentos salariales aislados, y la modificación de salarios, una vez determinados los niveles salariales por el Reglamento y los Decretos del Poder Ejecutivo.
La asignación y el uso de tarjetas de crédito también quedan totalmente prohibidos para los cargos de alto nivel de los entes u organismos del Estado, excepto los cargos correspondientes al Presidente y Vicepresidente de la República.

Otra prohibición atañe a la concesión de beneficios e incentivos a todo funcionario o empleado público sujeto al ámbito de aplicación del reglamento, por resultados de gestiones administrativas que se encuentren dentro del ámbito de su competencia, tales como el pago de dietas por participación en reuniones de Juntas y Consejos.

En cuanto a los incentivos a ser aplicados en la Administración Pública, el Reglamento plantea que podrán ser de carácter financiero y no financiero, individuales y colectivos.

Los incentivos de carácter financiero incluyen el bono por desempeño, la compensación por resultados y el bono por antigüedad.