Caracas.– En su continuada agresión contra Venezuela y tras la reciente incautación de petroleros en el Caribe, Estados Unidos sancionó a cuatro empresas y varios buques de origen chino por, supuestamente, “operar en el sector petrolero venezolano”, informó este miércoles el Departamento del Tesoro.
Las entidades y embarcaciones sancionadas fueron incluidas en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN, por sus siglas en inglés) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Las empresas sancionadas, todas con sede en China, son Aries Global, Corniola, Krape Myrtle y Winky International. En tanto, los buques petroleros vinculados a estas compañías incluidos en la lista SDN son Della y Valiant, con bandera de Hong Kong; Nord Star, de Panamá; y Rosalind, de Guinea.
Las razones de la sanción
El Departamento del Tesoro justificó la medida alegando, una vez más sin presentar pruebas, que algunos de los buques “forman parte de la flota paralela que presta servicios a Venezuela” y que “continúan proporcionando recursos financieros” al Gobierno del presidente Nicolás Maduro, al que Washington califica de “narcoterrorista” e “ilegítimo”.
“La medida de hoy es una señal más de que quienes participan en el comercio petrolero venezolano siguen enfrentándose a importantes riesgos de sanciones”, advirtió el Gobierno estadounidense.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que el presidente de EE.UU., Donald Trump, “ha sido claro” al señalar que no permitirán que la Administración de Maduro “se beneficie de la exportación de petróleo mientras inunda EE.UU. con drogas mortales”.
“El Departamento del Tesoro seguirá aplicando la campaña de presión del presidente Trump sobre el régimen de Maduro”, sostuvo.
Venezuela bajo el asedio de EE.UU.
Caracas ha denunciado múltiples agresiones estadounidenses en los últimos meses, incluida la reciente incautación de buques cargados de petróleo destinados a la exportación.
Desde agosto pasado, Estados Unidos mantiene el mayor despliegue militar de las últimas décadas en aguas del Caribe, con presencia sostenida de activos navales y aéreos. Inicialmente, Washington justificó esta operación bajo el argumento del supuesto combate al narcotráfico, responsabilizando —sin pruebas— al Gobierno venezolano de participar en estas actividades.
Con el paso del tiempo, la narrativa oficial ha cambiado. Según denuncias del Gobierno venezolano, el enfoque en el narcotráfico dio paso a un discurso centrado en el control y la apropiación ilegal de los recursos energéticos del país suramericano, en un contexto de creciente presión económica y amenazas de uso de la fuerza.
En las últimas semanas, EE.UU. ha incautado al menos dos buques petroleros, acciones que Caracas ha calificado como “robo” y actos de piratería.
Denuncias internacionales
La operación militar estadounidense ha tenido consecuencias mortales. Más de 100 personas han fallecido como resultado de más de una veintena de bombardeos contra pequeñas embarcaciones en aguas del Caribe y el Pacífico, sin que Washington haya demostrado públicamente su vinculación con actividades ilícitas.
El pasado 23 de diciembre, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebró una reunión de emergencia a solicitud de Venezuela, que denunció la escalada de agresiones de EE.UU. en su contra.
El representante permanente de Caracas ante la ONU, Samuel Moncada, afirmó que estas acciones representan “la recolonización de Venezuela y la reconquista de todo el continente”, al tiempo que denunció una “masiva violación del derecho internacional”.
La posición venezolana fue respaldada por Rusia, cuyo representante ante la ONU, Vasili Nebenzia, advirtió que las acciones de EE.UU. podrían convertirse en un modelo de futuras intervenciones militares contra otros Estados latinoamericanos.
Asimismo, China, Colombia, Brasil, México, Nicaragua y Cuba expresaron su apoyo a Caracas.